Según una reciente publicación del Ministerio de Industria, se cifra en un 84% el número de inmuebles que, tras la realización de los certificados de eficiencia energética, han obtenido una baja calificación (E, F o G). Es evidente que esto aleja a nuestro país del cumplimento de objetivos previsto por la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, que obliga a los estados miembros a desarrollar una estrategia para la renovación exhaustiva y rentable de los edificios residenciales y comerciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parqué inmobiliario y reducir su consumo de energía.

Estos certificados energéticos tienen una doble finalidad; por un lado medir el grado de eficiencia energética en el consumo del inmueble y, por otro, evaluar las emisiones. Ahora bien, una vez determinado el estado energético del edificio es momento de plantear qué acciones se pueden acometer, lo que beneficiaría al usuario final que vería reducida su factura energética, y a la Administración, que se acercaría a los objetivos energéticos marcados para 2020.

Una de la medidas para impulsar la rehabilitación energética de los edificios existentes del sector residencial (uso de vivienda y hotelero) es la reciente publicación del 5 de mayo en el BOE del programa de ayudas dotado con un presupuesto de 200 millones de euros, de los cuales 125 millones provienen de fondos de financiación de planes de ahorro y eficiencia energética del IDAE, y un importe de 75 millones corresponde al Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (CRECE).

Dicha actuación se encuadran en una o varias de la tipologías siguientes:

  • Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
  • Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
  • Sustitución de la energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
  • Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.

Dichas ayudas se facilitan en un máximo de entrega dineraria sin contraprestación del 20 al 30% en función del tipo de actuación desarrollada, y de un préstamo reembolsable del 60 al 70% en función del uso del edificio, según las normativas de ayudas del Estado o tasa de cofinanciación FEDER en la comunidad autónoma donde radique el proyecto.

En nuestra opinión creemos que es un buen momento para acometer reformas en las instalaciones de nuestros edificios ya que, en muchos casos, de por sí la mejora energética justifica el cambio y genera resultados económicos muy satisfactorios. El hecho de tener este incentivo, hace que los periodos de retorno de la inversión se vean reducidos. En este sentido, es muy importante la posibilidad de acceder a una financiación con unas  condiciones muy ventajosas, facilitando así dichas medidas.

 

Pablo Blanco
Director Técnico de Remica